Tamara Perelmuter
5 de septiembre de 2017
Revista de Política, Derecho y Sociedad
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Los agronegocios son hace tiempo la agricultura hegemónica en nuestro país. Fueron una de las herencias más fuertes del neoliberalismo de los 90, con la aprobación en 1996 de la soja transgénica resistente al glifosato como exponente. Y se profundizaron y legitimaron durante los 12 años del kirchnerismo con la incorporación de nuevas semillas transgénicas; la sanción del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que buscaba incrementar aún más la producción para exportación; y una clara consolidación de la biotecnología agraria como un área científica clave para el Estado nacional.
Hoy, luego del cambio de etapa política que implicó la asunción del Macri en Argentina, los agronegocios viven su gran momento de esplendor con sus CEOS ocupando cargos estratégicos y relevantes en la administración del Estado. Pero además, se eliminaron las retenciones (impuesto a la exportación) para los productos agropecuarios y se redujo en cinco puntos a la soja (pasó del 35% al 30%) lo que generó una transferencia de recursos al sector más concentrado; se le cambio el nombre del ministerio a Agroindustria, marcando cuál es la concepción que se tiene de la agricultura; se desarticuló el área de agricultura familiar, parte del Ministerio de Agroindustria. Y el debate por la apropiación de las semillas se intensificó.
No cabe duda, que las semillas son el corazón de los agronegocios y una importante fuente de poder. Son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y por lo tanto, quién controla las semillas, controlará la disponibilidad de alimentos. Así lo entendieron las organizaciones campesinas y de productores y productoras rurales que hace tiempo vienen resistiendo a los embates del modelo; pero también las empresas biotecnológicas que identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados en el control de la agricultura mundial.
Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales: diez empresas manejan el 77% del mercado de semillas; y de esas, sólo tres (Monsanto, Dupont y Syngenta), controlan 47% del mismo. El 82% de estas semillas están patentadas.
En América Latina se presiona fuertemente para que se profundicen los procesos de apropiación de las semillas por parte de las grandes corporaciones semilleras y biotecnológicas, lo que implica otorgarles el control de toda la cadena de la agricultura y la alimentación. Esto incluye los intentos por modificar las leyes de semillas; la discusión en torno a normas de protección de variedades vegetales y patentes; y el registro y certificación obligatoria de semillas. Lo que se pretende es que las variedades tradicionales no puedan circular libremente, aniquilar la diversidad genética en el mercado y generar pérdida de autonomía a los productores.
Los dispositivos para la apropiación de las semillas
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner finalizó su mandato el 10 de diciembre de 2015 con tres frentes abiertos en lo referido a la apropiación de las semillas. El macrismo está intentando avanzar sobre todos ellos.
En primer lugar, la judicialización de la patente de la soja de Monsanto. En el año 1996 se modificó la Ley de Patentes abriendo las puertas para el patentamiento de organismos producidos a través de la ingeniería genética. Si bien la Ley plantea que no serán patentables “La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres…” al final de esta frase se agregó el complemento “…tal como ocurre en la naturaleza” lo que eventualmente permitiría el patentamiento de los transgenes introducidos en los organismos genéticamente modificados.
Sin embargo, cuando Monsanto ese mismo año presentó el pedido para patentar un método de producción de una planta transgénica, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) rechazó el pedido de patentamiento porque consideró que no se trataba de invención al ser materia viva y preexistente en la naturaleza. La empresa apeló y en 2007, un juez de primera instancia dio la razón a Monsanto. El organismo oficial recurrió a la segunda instancia judicial que falló de manera inédita al rechazar que la multinacional pueda patentar como propias las moléculas de ADN y las células vegetales. La empresa apeló el fallo (fechado el 26 noviembre de 2015) y actualmente la estrategia apunta a que la Corte Suprema de Justicia dicte a su favor. Mientras tanto, organizaciones sociales y referentes socioambientales de la Argentina y del mundo se disponen a solicitarle al máximo tribunal de la Nación, que someta ese proceso judicial a una instancia de “audiencia pública y amigos del tribunal”.
Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri designó como funcionario a cargo de la vicepresidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INPI, a José Alfredo Martínez de Hoz (h), quién acompañará a Dámaso Alejandro Pardo. Ambos son socios y representantes legales del estudio jurídico “Pérez Alati, Grondona, Benites Arntsen & Martinez de Hoz”, que asesora a las principales empresas transnacionales en el país en asuntos jurídicos y propiedad intelectual. Por lo tanto, todo indica que tanto el intento por revertir la disposición que le niega a Monsanto su patente; como las presiones por modificar la Ley de Patentes para que no queden dudas que todo el material biológico puede ser patentado, serán parte de la estrategia del gobierno en los próximos años.
En segundo lugar, los contratos firmados entre Monsanto y los productores de soja. En 2012, la multinacional implementó contratos bilaterales con los productores luego de lanzar comercialmente su “gran novedad”: la soja transgénica “Intacta RR2 Pro”, resistente a herbicidas y tolerante a insectos. Se trata de un sistema de Licencia de Uso para su nueva soja, que no es otra que un contrato de regalía extendida, mediante el cual se impone a quien quiera usar la soja la firma de un contrato con vigencia hasta 2028, por el cual el productor asume el compromiso de pagar una contraprestación por el uso de la tecnología y realizar el “uso correcto de la tecnología” cada vez que vuelva a sembrar la soja intacta. Además, establece la obligación de comprar las semillas a Nidera, Don Mario y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), dispone quién va ser el ‘acopiador’ de la producción y quién el exportador; controlando de esta manera la totalidad de la cadena. Los contratos marcan también que se retiene la cosecha hasta tanto no se haya pagado efectivamente la regalía extendida a las semilleras; y tienen cláusulas penales para el caso de incumplimientos por parte del productor.
Sin embargo, la soja intacta no dio los frutos esperados, y los productores no firmaron masivamente este contrato. En ese sentido, para los años 2013 y 2014 la siembra de la soja intacta se multiplicó a partir de la comercialización del grano cosechado en la anterior cosecha, vendido ilegalmente como semilla. Ante este panorama, Monsanto intentó cobrar las regalías realizando controles en los silos donde el grano es acopiado para su exportación en los puertos del litoral argentino, desatando un conflicto de envergadura ante la negativa de los productores a aceptar este control. En 2015 el gobierno nacional intentó intervenir a partir de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pero nunca vio la luz.
El gobierno de Cambiemos ganó las elecciones con el apoyo más o menos explícito de sectores de productores, incluyendo a las organizaciones que componen la Mesa de Enlace. Por lo tanto, mediar y resolver este conflicto aparece como una prioridad importante. Ni bien asumió el designado ministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos firmó la Resolución N° 140 que invalida la cláusula referida a la fiscalización para detectar su tecnología “Intacta” en soja, en tanto el sistema “deberá contar para su implementación con la previa autorización” del Ministerio. Esto generó el rechazo de las empresas semilleras y su organización sectorial: la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y el conflicto lejos quedó de resolverse. La nueva estrategia de Ricardo Buryaile está en indicar que se reforzarán los controles oficiales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), para evitar la proliferación de lo que denominan semilla ilegal o no certificada.
Finalmente, la Ley de Semillas se colocó en el centro del debate. La Ley actual, que data de 1973, legisla sobre toda la producción, certificación y comercialización de semillas (no sólo las transgénicas). Y establece una forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales denominada Derechos de Obtentor (DOV), siguiendo los lineamientos internacionales de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión de 1978. Los DOV refieren al derecho que se le otorga a quién desarrolla alguna “mejora” a una semilla (puede ser mediante transgénesis, hibridación o mejoramiento tradicional), para explotarla en exclusividad. Son válidos para todo tipo de semillas, a diferencia de las patentes, que son sólo para las semillas transgénicas en tanto solo se protege la modificación genética.
La Ley de Semillas argentina reconoce que no lesiona ese derecho quien reserva y siembra semilla para uso propio. Desde 2003 existen intentos por modificar la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas biotecnológicas recortando derechos de los productores. A partir de 2012 esta discusión tomó un impulso importante con la férrea decisión del por entonces Ministro de Agricultura de avanzar en el debate. Ninguno de los anteproyectos que estuvieron en discusión logró salir de la órbita del Ministerio de Agricultura. En todos los casos, se buscaba restringir el uso propio, al tiempo que incrementar sanciones, otorgando a las empresas el poder de policía para controlar y fiscalizar los campos en el caso de que se presuma que la ley no se cumple. El hecho generó el rechazo en cuanto a los contenidos y a la orientación de los anteproyectos que pudieron conocerse, por parte de organizaciones sociales, políticas (incluso algunas que eran parte del gobierno), campesinas, indígenas y de la agricultura familiar.
Luego de varios años en que se discutía la posibilidad de modificar la Ley de Semillas pero no se presentaba de manera formal ningún ante proyecto, en octubre de 2016 el gobierno de Macri presentó su propuesta, luego de varios meses de negociaciones en secreto. Al igual que el resto de los anteproyectos, acota la figura del uso propio. El proyecto explicita que, tras la compra de la semilla, el productor deberá pagar un derecho a las empresas por las siguientes tres campañas si siembra por la misma superficie comprada. Al cuarto ciclo no deberá pagar más, salvo que haga una superficie mayor, con lo cual deberá abonar la diferencia. Además, contempla como agricultores exceptuados a los productores de agricultura familiar, pueblos originarios y quienes tengan una facturación anual menor a 1,8 millones de pesos (tres veces la categoría más alta del monotributo). No explicita cómo se determinará quiénes se encuentran dentro de cada categoría.
Asimismo, algunos sectores de la oposición política, como Alegre (presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y diputado del Frente Renovador), también presentaron proyectos. Pero la gran novedad fue la presentación de propuestas por parte de una entidad de productores (FAA) y una cámara empresarial (ASA). Este último anteproyecto avanza mucho en el recorte del uso propio que el proyecto de oficialismo al no plantear siquiera excepciones. Si bien hubo algunas reuniones de la comisión de agricultura para la discusión del tema, no hubo acuerdos y sigue sin resolverse la modificación de la Ley de Semillas.
Más allá de las diferencias entre todos los proyectos existentes desde 2003 (ya sea presentados formalmente o no), el debate siempre estuvo orientado a discutir la distribución de la renta agraria entre los diversos sujetos involucrados. El punto fuerte del debate se centró en la figura de uso propio, y todo lo que gira en torno a eso: pago/cobro de regalías; debate entre legalidad/ilegalidad; penalizaciones y criminalización. Pero nunca se puso en cuestión la propiedad de las semillas y sus conocimientos asociados, ni sus implicancias.
Ante la falta de avances en los tres temas mencionados, Monsanto –una vez más– amenaza con retirarse del mercado local ante la falta de certidumbre para sus inversiones. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos también interviene en el debate: recientemente se reveló un documento de la Oficina del Representante de Comercio de ese país, que critica los proyectos de ley que están en el Congreso para ser tratados. El gobierno de Trump observa con particular atención la situación de la propiedad intelectual en semillas en la Argentina, y en un documento llamado Special 301 Report (Informe 301), la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), brinda un panorama sobre diversos problemas de acceso de los Estados Unidos en distintos mercados y en sus páginas se analiza el caso de Argentina y sus semillas.
Por lo tanto, todo indica que luego de las elecciones de octubre de este año el tema volverá a ponerse en marcha, lo cual debería poner en alerta tanto a organizaciones del campo como de las ciudades. Como quedó en evidencia, una posible reforma afectará a los pequeños productores, los agricultores familiares y los campesinos que dificultosamente puedan seguir conservando y accediendo a semillas de calidad, diversas y adaptadas a sus condiciones locales. Así se reducen sus posibilidades de producir alimentos de calidad, fortaleciendo el modelo de agronegocios argentino, donde unas pocas empresas controlan puntos claves (producción, procesamiento y exportación) de la producción nacional de granos y alimentos.
No se trata de un debate meramente técnico o legal, es sobre todo, un debate político. Que, a su vez, está enmarcado en una discusión acerca del modelo agrario. En ese marco, es importante pensar todas las legislaciones y políticas relativas a semillas enmarcadas en una discusión de soberanía alimentaria. Nos estamos refiriendo al primer eslabón de la cadena agroalimentaria y, por lo tanto, todo lo que ocurra con las semillas incidirá sobre nuestros alimentos. Dicha situación atañe a los productores y quienes viven en el campo; pero también a quienes somos consumidores de esos alimentos.
