Desde el comienzo de su gestión en diciembre de 2023, el actual gobierno nacional encabezado por Javier Milei, ha desplegado, mediante un discurso de combate a la inflación y de déficit cero, una serie de medidas destinadas a eliminar y desguazar aquellas áreas de política pública orientadas a garantizar derechos sociales históricamente conquistados por las luchas populares, como es el caso de los derechos campesinos e indígenas.
Por más que en su batalla cultural el actual gobierno quiera negarlo, en Argentina existe, y seguirá existiendo, la denominada agricultura familiar, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Se trata de un sector compuesto por más de 200.000 unidades productivas, familiares y/o colectivas, que producen más del 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el país. En efecto, es fundamental para la producción y abastecimiento de alimentos -en buena parte agroecológicos- y esencial para el cuidado y reproducción de la vida y la biodiversidad de nuestro país. Según la FAO, los modos de vida campesinos e indígenas tienen la capacidad para enfriar el planeta, en el marco de las graves consecuencias ocasionadas por el calentamiento global producto de la crisis ambiental global que se manifiestan en la multiplicación de focos de incendio y la pérdida de biodiversidad en diferentes puntos del país.
Este sector tan importante es sistemáticamente negado, desde miradas coloniales y racistas y desde políticas que sólo buscan en los territorios oportunidades de saqueo para el aumento de rentabilidades, mayormente en favor de capitales concentrados y corporaciones multinacionales; fomentando el extractivismo en todas sus formas: megaminería, hidrocarburos, agronegocios, emprendimientos forestales, etc.
Las pocas políticas públicas existentes que buscaban fortalecer los territorios y la reproducción de la vida campesina e indígena, y la diversidad de sus producciones, han sido desguazadas y eliminadas por el actual gobierno, golpeando fuertemente al sector. Enumeramos aquí sólo algunas de ellas.
En marzo de 2024 se cerró el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), dejando a casi mil trabajadores/as en la calle y a los territorios de la ruralidad profunda de nuestro país sin presencia estatal para el desarrollo de capacitaciones, proyectos de agua potable, fortalecimiento de sus producciones y defensa de sus derechos.
En abril de 2024, luego de 34 años de funcionamiento, se eliminó el programa ProHuerta que brindaba capacitaciones, asistencia técnica y semillas a las familias rurales y urbanas de todo el país.
En junio de 2024 se ordenó el cierre de más de 80 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), dejando sin asesoramiento jurídico y dificultando el acceso a la justicia a gran parte de las familias rurales, campesinas e indígenas del país.
En diciembre de 2024 el presidente Milei mediante decreto derogó el Decreto Nº 805/21, prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas mientras se completaba el relevamiento de sus tierras ancestrales.
Finalizando febrero de 2025, el gobierno en el marco de un plan de reestructuración estatal y vaciamiento de políticas hacia el sector, intentó despedir a más de un tercio de la planta de trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esto se logró frenar, aunque sea transitoriamente, gracias a la movilización masiva de los/as trabajadores del organismo junto a la solidaridad de múltiples organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar. Sin embargo, sí lograron desguazar gran parte de las políticas públicas del INTA orientadas hacia la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. En la práctica esto implica el cierre de 41 agencias de extensión y la Experimental del AMBA; la reconversión de los Centros de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF), y la desarticulación de estaciones experimentales orientadas al sector, sustituyendo la noción de “agricultura familiar” por “producciones regionales y de pequeña escala”.
Por otra parte han desatado nuevamente una discriminación y persecución interna hacia trabajadoras/es del INTA provenientes de las Ciencias Sociales que desde hace mas de treinta años vienen trabajando en el organismo, complementando y ampliando las miradas y acciones en los territorios junto a sus colegas agrónomas/os y veterinarias/os en las distintas agencias y espacios de investigación.
Desde el Grupo de Estudios Rurales y Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) repudiamos toda política de desguace estatal que atente contra los derechos populares, en particular de las familias agricultoras y comunidades campesinas e indígenas. Consideramos que las medidas adoptadas por el actual gobierno constituyen una declaración de guerra a los mundos rurales, un ataque político retrógrado y de suma gravedad, contra la autonomía, soberanía y la seguridad alimentaria nacional, que favorece escenarios de mayor saqueo y contaminación de nuestros territorios en manos de capitales concentrados.
Confiamos en que más temprano que tarde, como muestra la historia de nuestros pueblos, desde los territorios más recónditos de nuestro país, emergerán luchas y resistencias que frenarán estos tiempos oscuros, construyendo nuevos horizontes de esperanzas desde abajo, desde los territorios que resisten y crean otras formas de vivir en sociedad y con la naturaleza.
