Juan Wahren
15 de diciembre de 2017
openDemocracy
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Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.
América Latina se encuentra atravesada por el avance acelerado del modelo extractivo. Esta aceleración implica corrimientos de las fronteras productivas a través de la incorporación de nuevas tecnologías a la extracción petrolera y a actividades antiguas como la minería y la agricultura. En todo el continente se verifican procesos de resistencia que, al mismo tiempo que se erigen como alternativas desafiantes al modelo hegemónico, sufren la represión violenta de sus diferentes formas de protesta, a través del uso de la fuerza, la intimidación y el sometimiento a procesos judiciales.
En las últimas décadas, el capital profundizó su carácter extractivo. Como veremos, la actividad extractiva contemporánea implica un avance territorial que arrincona, desaloja y despoja las actividades productivas y las poblaciones que habitan esos territorios reconvertidos en la mercancía por excelencia del extractivismo. El modelo extractivo supone la acumulación por desposesión. Este modelo está basado en la ampliación del capital por medio del uso intensivo de la naturaleza, que se constituye como mercancía.
Este proceso de acumulación por desposesión se entrelaza con la reproducción ampliada del capital por la explotación del trabajo y por la reproducción financiera del capital a escala global, estas tres formas de acumulación/ampliación se complementan a escala global de forma permanente.
Presentamos algunos de los conflictos y resistencias más emblemáticas de América Latina en los últimos años en torno a los territorios y los bienes comunes de la naturaleza o recursos naturales.
Hidrocarburos
La explotación hidrocarburífera ha generado desde sus comienzos grandes conflictos territoriales, por el poder económico y político que significa el control de este recurso natural en un sistema capitalista cuya reproducción depende de la energía fósil. La actividad hidrocarburífera ha causado innumerables conflictos entre países y guerras civiles. Pero también ha avanzado sobre territorios ancestrales de pueblos indígenas, campesinos y medianos productores.
Si bien en América Latina el avance sobre estos territorios ocurre desde comienzos del siglo XX; en las primeras décadas del siglo XXI vemos como se registra en diferentes países de la región un nuevo avance de la frontera hidrocarburífera. Esto ocurre de la mano de nuevas tecnologías que permiten extraer petróleo de zonas que anteriormente no eran rentables por sus condiciones geológicas. Son los denominados hidrocarburos no convencionales, cuya técnica principal de extracción consiste en la fractura hidráulica (por ello son más conocidos como fracking) que permite obtener hidrocarburos (shale gas y shale oil) aprisionados en rocas o en arenas compactas (tight gas). De esta manera, sea en el formato convencional o no convencional, en este siglo se observa un creciente ciclo de conflictos por las actividades hidrocarburíferas que afectan diversos territorios de América Latina.
En la Argentina se encuentra el yacimiento Vaca Muerta -ubicado en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza- que es el más grande de la región, luego de los yacimientos explotados en los Estados Unidos. Se calcula que en Vaca Muerta se han realizado hasta ahora casi 1400 pozos no convencionales. Allí, el avance de la explotación de petróleo y gas convencional y no convencional se encuentra con las resistencias de diferentes comunidades del Pueblo Mapuche en Neuquén (Campo Maripe, Tratayén, Kaxipayiñ, Paynemil, Winkul Newen, entre muchas otras), así como de los pequeños productores campesinos de ganado extensivo o “crianceros” de la región y de medianos productores frutícolas del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén. En estos casos, el avance de los hidrocarburos ha generado importantes impactos ambientales y sanitarios a las poblaciones, a partir de derrames y zonas contaminadas por las perforaciones y emanaciones de gas hacia la superficie. También esta actividad ha impactado fuertemente sobre la flora y fauna de la región, ya que incluso hay perforaciones en áreas naturales protegidas como Auca Mahuida.
Resistencias contra el fracking fueron motivo de diferentes actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, principalmente contra las comunidades mapuche.
Estas resistencias fueron motivo de diferentes actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, principalmente contra las comunidades mapuche. Tomando solo en cuenta a la Comunidad de Campo Maripe, se registran tres hechos represivos dentro de su comunidad, donde funcionan más de 200 pozos de petróleo convencional y no convencional. La Comunidad de Tratayén fue recientemente desalojada de parte de su territorio comunitario, en el que también funcionan perforaciones hidrocarburíferas. Casi todos los líderes y autoridades comunitarios mapuche se encuentran judicializados por participar de diferentes protestas (cortes de caminos y de rutas, toma de instalaciones petroleras, movilizaciones, etc.) contra el avance de los hidrocarburos en sus territorios ancestrales. Estas resistencias y movilizaciones han logrado establecer la prohibición de esta actividad en más de medio centenar de municipios en todo el país, aunque tanto los gobiernos provinciales como el nacional continúan profundizando una activa política de promoción de la industria hidrocarburífera en general y del fracking en particular.
En México, por su parte, la extracción e hidrocarburos no convencionales no se ha expandido tanto como en la Argentina, pero ya se pueden ver sus consecuencias sociales y ambientales. Se calculan casi 30 pozos no convencionales en el país y se ha conformado una organización a nivel nacional, la alianza Mexicana contra el Fracking, que nuclea a comunidades de indígenas, campesinos y pobladores de pequeñas y medianas ciudades que se ven afectados por el fracking, así como a 44 organizaciones sociales que han logrado establecer la prohibición de esta actividad en algunos municipios, como Tanlajás y Xilitla del Estado de San Luís Potosí, el municipio de Cuetzalan en el Estado de Pueblay en cientos de comunidades indígenas y ejidos campesinos de las zonas petroleras.
Por su parte, en Colombia, en el municipio de San Martín, hubo diversas manifestaciones y levantamientos populares en oposición al fracking que se estaba empezando a instalar en sus territorios. Por ello, sufrieron intimidaciones, amenazas y represión por parte de la policía en 2016. Estas movilizaciones lograron generar empatía con otras zonas donde también se está comenzando a explorar hidrocarburos no convencionales y en ese mismo año la Asamblea Departamental de Santander rechazó de manera unánime el uso del fracking en ese departamento.
Megaminería
La minería es una actividad constitutiva de la Conquista y el saqueo de América. Gran parte del los países latinoamericanos tienen una fuerte tradición minera y esas riquezas han sido una de las bases de la dominación y dependencia de todo el continente. En las últimas décadas la actividad minera tuvo un nuevo impulso a través de la innovación tecnológica que permite obtener minerales valiosos (oro, plata, entre otros) por medio de la técnica de lixiviación, que consiste básicamente en dinamitar grandes porciones de los yacimientos en las montañas y proceder a separar los minerales valiosos de los que no lo son por medio de una mezcla química que utiliza cianuro y una gran cantidad de agua para ese proceso. Si bien la minería es también una actividad contaminante, la “megaminería a cielo abierto” -tal como se denomina a este proceso de minería a gran escala- provoca fuertes impactos sociales y ambientales, aun mayores que la tradicional minería de socavón.
Los habitantes de la región de Cajamarca se oponen al Proyecto Conga, un emprendimiento de megaminería a cielo abierto que ha destruido casi 20 lagunas que eran fuentes de agua dulce en la zona.
A lo largo de toda la Cordillera de los Andes -y también en selvas y bosques del continente- se encuentran estos grandes emprendimientos mineros y también los movimientos de resistencia. También aquí los pueblos indígenas, los movimientos campesinos y las pequeñas y medianas poblaciones urbanas protagonizan las resistencias y defienden los territorios frente al uso intensivo del agua, la destrucción de los paisajes montañosos y la contaminación de glaciares, arroyos, lagos, ríos y otras fuentes de agua dulce.
Un ejemplo paradigmático de estas resistencias contra la megaminería puede observarse en Perú. Los habitantes de la región de Cajamarca se oponen al Proyecto Conga, un emprendimiento de megaminería a cielo abierto que ha destruido casi 20 lagunas que eran fuentes de agua dulce en la zona. Lo mismo sucede con el emprendimiento megaminero de Yanacocha, también en Cajamarca, el emprendimiento aurífero más grande del mundo, así como el de Tía María en Arequipa, al sur del país.
En todos los casos miles de pobladores, muchos de ellos campesinos e indígenas, han realizado numerosas protestas reclamando el cese o la no implementación de estos emprendimientos a través de petitorios, referéndums, movilizaciones y cortes de ruta. Por estas protestas, que comenzaron en 2002, los pobladores de estas regiones han sufrido fuertes represiones que causaron cientos de manifestantes heridos, decenas de muertos y presos y sometidos a proceso judicial. Al día de hoy, las resistencias a la megaminería son uno de los factores más importantes de movilización social y también de casos e criminalización de la protesta social en Perú.
En la Argentina, también las protestas contra la megaminería comenzaron en 2002 con las movilizaciones en la ciudad sureña de Esquel. Sus pobladores, junto a las comunidades indígenas de la zona, se opusieron a la instalación de un emprendimiento megaminero aurífero y lograron frenarlo tras un referéndum donde más del 80% de la población votó en contra de la instalación de la minera. Por ese antecedente, en la Argentina no se aceptaron oficialmente mas referéndum de este tipo para que las poblaciones locales pudieran decidir directamente sobre los emprendimientos extractivos a realizarse en sus regiones.
Surgieron entonces en diferentes zonas de la cordillera asambleas ciudadanas que se opusieron a distintos emprendimientos megamineros en las ciudades de Tinogasta y Andalgalá (Catamarca), Famatina y Chilecito (La Rioja), Jáchal (San Juan), Tupungato, San Martín, Lujan de Cuyo y Maipú (Mendoza) entre muchas otras localidades de las provincias cordilleranas. En estos casos fueron también las movilizaciones, asambleas y cortes de ruta el repertorio de acción elegido para visibilizar las protestas.
En todos estos casos el modus operandi de los Estados nacionales ha sido el de la persecución judicial y la represión a las protestas sociales.
Simultáneamente en México también se han registrado fuertes movimientos de resistencia a la megaminería en diferentes Estados: Chihuahua presenta 13 conflictos, Zacatecas 12, Puebla 8, Oaxaca 7, Chiapas, Michoacán y Baja California Sur 5 cada uno, Sonora, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima cuatro, Veracruz, Querétaro e Hidalgo 3, Jalisco, Coahuila y Estado de México, con 2; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente. En México se registran en la actualidad más de cien conflictos por emprendimientos mineros siendo, según la revista Forbes (2016), el país con mayor cantidad de conflictos mineros de América Latina.
En todos estos casos el modus operandi de los Estados nacionales ha sido el de la persecución judicial y la represión a las protestas sociales. En el caso de la Argentina, sin embargo, se sancionaron leyes que en algunas provincias prohibieron la instalación de emprendimientos de megaminería a cielo abierto. Algunas de ellas fueron recientemente derogadas abriendo nuevamente la posibilidad que avancen empresas megamineras en esas provincias, como es el caso de La Rioja.
Agronegocios
Desde fines del siglo XX, la agricultura hegemónica en América Latina se encuentra signada por el denominado “Agronegocio”, que implica una profundización e intensificación de la producción agroindustrial orientada a la provisión de insumos para la exportación, donde priman las lógicas del mercado internacional de commodities y donde la concentración de poder económico y de decisión por parte de algunas empresas sobre las cadenas de distribución y comercialización determina los precios de los productos en detrimento de los pequeños y medianos productores. Este despliegue territorial se da en el marco de grandes innovaciones tecnológicas y de gestión empresarial en forma de red que implicó una hegemonía de los cultivos transgénicos en gran parte de la tierra cultivable de América Latina, como la soja, el maíz, la palma africana y otros cultivos que fueron conformando un paisaje uniforme de oligocultivos orientados a las exportaciones y en grandes establecimientos que generan una mayor concentración de la tierra, en el continente con los mayores índices de desigualdad del mundo, particularmente en relación con el acceso a la tierra.
Estos conflictos atraviesan a todos los países de América latina y las protestas y movimientos sociales que resisten este avance territorial del capitalismo agrario son innumerables. En países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay es donde mayor extensión territorial ha tenido este modelo productivo. También en Bolivia, Colombia, Ecuador y Centroamérica aparece con mucha intensidad el Agronegocio e, incluso, en países como México donde la distribución de la tierra ha sido mucho mayor, este modelo viene creciendo de forma exponencial.
Las respuestas más importantes contra el agronegocio la ejercen los pueblos indígenas y diversos movimientos campesinos que desde la década del noventa resisten desalojos e incluso toman tierras para producirlas de una forma alternativa al modelo dominante. El caso más conocido es el de los movimientos campesinos de Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), que han recuperado miles de hectáreas en sus ocupaciones y asentamientos. Luego de ocupar, comienzan un proceso productivo alternativo al hegemónico que les permite afianzar en sus territorios la reforma agraria de facto, así como la construcción de la denominada “soberanía alimentaria”.
Estas ocupaciones han recibido fuertes represalias por parte de los terratenientes y sus guardias privadas y los campesinos también han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad públicas. Existen casos de asesinatos de campesinos, así como centenas de heridos, presos y militantes judicializados por ejercer estas protestas, como tomas de edificios públicos y grandes movilizaciones.
Diversos movimientos campesinos resisten el exponencial proceso de “sojización” del campo paraguayo a costa de sufrir represiones, encarcelamiento y asesinatos
En la Argentina también existen diversos movimientos campesinos, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL) y más recientemente la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que resisten desalojos y/o han ocupado tierras para ponerlas a producir bajo esquemas productivos ligados a lógicas campesinas, con un horizonte agroecológico. Por estas ocupaciones, resistencias a desalojos y cortes de ruta hay más de diez campesinos e indígenas asesinados en los últimos diez años –entre ellos, Javier Chocobar, Miguel Galván, Cristián Ferreyra, Roberto López– y Santiago Maldonado, el joven que desapareció en el contexto de la represión de una protesta de una comunidad mapuche en Cushamen en la Patagonia argentina y apareció muerto casi tres meses después.
Por su parte, en Paraguay diversos movimientos campesinos resisten el exponencial proceso de “sojización” del campo paraguayo a costa de sufrir represiones, encarcelamiento y asesinatos de decenas de campesinos en los últimos diez años. Este esquema se replica en otros países donde el agronegocio se ha fortalecido como modelo de producción hegemónico en los mundos rurales.
Otros conflictos en torno al extractivismo
Además de las mencionadas, existe una serie de actividades extractivas y emprendimientos de infraestructura a gran escala que afectan las áreas rurales del continente americano y generan procesos de lucha y resistencia de diferentes movimientos sociales. Por ejemplo, emprendimientos forestales de pino y/o eucalipto de las grandes empresas papeleras, la construcción de represas hidroeléctricas, plantas nucleares, grandes carreteras, oleoductos, gasoductos, grandes puertos comerciales, etc. que causan importantes impactos sociales y ambientales.
Algunas de esas resistencias podemos observarlas en el caso de las comunidades mapuches al sur de Chile, que vienen resistiendo las plantaciones de pinos en sus territorios comunitarios, al tiempo que sufren fuertes represiones por parte de los carabineros, la policía chilena, judicialización y encarcelamiento de sus líderes comunitarios, así como estigmatización y racismo social muy intensos desde los medios de comunicación masivos, parte de la clase política, y una importante porción de la población. En los últimos años se reportan cientos de mapuches judicializados, a los que se suma una decena de presos políticos indígenas, varios asesinados y cientos de heridos por las fuerzas represivas y, cada vez más, la aplicación de la ley Antiterrorista para perseguir a las comunidades mapuche que protestan contra estos emprendimientos extractivos y por la recuperación de su territorio y cultura ancestral.
Otro ejemplo es el caso de las comunidades indígenas de los pueblos Moxeños, Tsimanaes y Yuracarés del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en Bolivia que, desde 2011, se oponen a la construcción de una carretera que se proyecta para atravesar el parque nacional y el territorio indígena para unir las regiones de Cochabamba y Beni, que se encuentran actualmente incomunicadas. Esta carretera forma parte del planeamiento de desarrollo regional de infraestructura para Sudamérica (el Plan IIRSA) que promueve obras de infraestructura a gran escala para mejorar la extracción de recursos naturales así como la movilidad de mercancías a través de “corredores interoceánicos” entre el Océano Pacífico y el Atlántico.
Estos pueblos han realizado movilizaciones y cortes de carreteras para protestar contra este proyecto del gobierno de Evo Morales que mantiene en la actualidad la vigencia de este proyecto y que ha dividido a parte de las comunidades del TIPNIS. Ha generado un punto de inflexión de su gobierno en relación con los movimientos sociales campesinos e indígenas: mientras algunos siguen apoyando al gobierno, otros movimientos protestan y denuncian que, pese a identificarse como un “gobierno indígena y de los movimientos sociales” el gobierno promueve el extractivismo, en actividades relativas a los hidrocarburos, la megaminería, el agronegocio y los grandes emprendimientos de infraestructura, como la carretera del TIPNIS.
Alternativas al modelo hegemónico desde abajo
Dentro del modelo hegemónico extractivo coexiste una serie de formas de vida que se presenta como opuesta: mayormente los pueblos indígenas, los movimientos campesinos, las poblaciones afrodescendientes, los pescadores artesanales y otros actores subalternos de los mundos rurales. Algunos de estos movimientos sociales proponen y construyen en sus territorios formas de vida alternativas a la del modelo extractivo del capitalismo actual.
En toda América Latina perviven formas ancestrales de producción de alimentos y de formas de reproducir la vida que conviven, en muchos casos subsumidas, en otros en franca disputa, con las lógicas productivas del capitalismo agrario hegemónico. Estas formas productivas ancestrales -que podemos denominar como alternativas- son llevadas a cabo predominantemente por los pueblos indígenas y comunidades campesinas que habitan gran parte de los territorios del continente. A estos se suman las actividades productivas para el auto sustento en complementariedad con la producción de alimentos para los mercados locales y/o nacionales.
También existe una gama diversa de productores de pequeña y mediana escala que, sin ser necesariamente sujetos campesinos-indígenas, producen alimentos para el mercado local y/o nacional por medio de sistemas diferentes, aunque generalmente subsumidos en parte o totalmente a las lógicas de producción, distribución y comercialización del modelo de agronegocios o agroindustrial. Por otra parte, en las últimas décadas se fueron conformando diversas corrientes dentro de la agronomía, ligadas a las luchas campesinas e indígenas, que sistematizaron formas de producción alternativa al modelo hegemónico del agronegocio, realizando un proceso de relación de saberes técnicos y agronómicos con saberes campesinos, indígenas y de otros actores rurales subalternos que cristalizaron en lo que hoy se denomina como agroecología.
Estas experiencias presentan alternativas posibles para reproducir la vida en común y producir alimentos sanos y baratos. Son, aquí y ahora, alternativas a las actividades extractivas como los hidrocarburos, la megaminería y el agronegocio que se presentan como las portadoras del “desarrollo” y el “progreso” pero que terminan generando mayores desigualdades sociales, la destrucción de la naturaleza y la desarticulación de otras formas de vida. Es en esas resistencias y en las alternativas que emergen de las luchas campesinas, indígenas y rurales que aparece la esperanza de un cambio social que ya ha comenzado en los territorios en re-existencia de América Latina, Nuestra América.
