Juan Wahren
26 de octubre de 2020
Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad
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Intervenciones de Juan Wahren y Nahuel Levaggi
¿Es posible abaratar y mejorar en calidad los alimentos que consumimos? ¿De qué modo la ampliación del acceso a la tierra puede contribuir a esos fines? ¿El modelo de agronegocios puede convivir con la agroecología?
En el marco de esta pandemia, ¿podemos avizorar el germen de una nueva ruralidad en el mediano y largo plazo? ¿Podemos imaginar un comensal más consciente de lo que pone en su plato?
Juan Wahren, Doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET y Nahuel Levaggi, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra y Presidente del Mercado Central de Buenos Aires responden algunos de estos interrogantes y plantean algunas de las tensiones que dificultan determinar el rumbo.
Pandemia y alimentos en la Argentina
Por Juan Wahren
Pandemia y crisis
Estos tiempos de pandemia son, también, tiempos de incertidumbres. Tiempos de muchas preguntas y pocas certezas.
Pero algunas intuiciones recorren las ciudades y los campos de la Argentina, una de ellas es esta: algo huele mal en nuestros alimentos.
Las grandes factorías de cerdos, vacas y pollos hacinados en gigantescos feed lots generan carnes de pésima calidad a la vez que potencian exponencialmente los virus y enfermedades, algunas de las cuales mutan hasta contagiar a los seres humanos.
Miles de hectáreas de bosques, montes y humedales se incendian para que se sumen nuevas tierras a la producción de cultivos como commodities de exportación y agrocombustibles (principalmente soja y maíz transgénicos).
Campesinos e indígenas que hasta hace poco trabajaban con la tierra para producir sus alimentos y vender sus excedentes en los mercados locales son despojados de sus tierras y bosques para migrar forzadamente hacia las barriadas populares de las grandes ciudades, apenas sobreviviendo con trabajos precarios.
Y mientras la pandemia del coronavirus avanza, la crisis climática acelera su ritmo frenético: año tras año consumimos (que es una forma elegante de decir destruimos) enormes cantidades de bosques, biodiversidad, energía, oxígeno y agua, devastando en unos pocos cientos de años de desarrollo capitalista lo que la naturaleza tardó cientos de millones de años en formar.
Comer, alimentarse, es una de las actividades básicas de los seres humanos, necesaria para la reproducción de la vida y conforma uno de los derechos sociales básicos de cualquier sociedad. En tiempos de pandemia, esta necesidad vital volvió a estar en el centro de la escena. El cambio radical en el ritmo de la vida cotidiana habilitó la reflexión colectiva sobre qué comemos, cómo se distribuyen los alimentos, por qué comemos lo que comemos. Pero también se puso en el foco quiénes son los que producen alimentos sanos y sin agrotóxicos, quiénes son los que fumigan y acaparan tierras, quiénes son los que producen alimentos transgénicos para el mercado global de commodities y quiénes luchan por un pedazo de tierra para producir, para vivir.
La importancia de preguntarnos sobre qué comemos, cómo se produce y se distribuye lo que comemos, quiénes se benefician con lo que comemos son interrogantes clave porque en definitiva, somos como sociedad -en parte- lo que comemos y lo que dejamos de comer.
Los precios y la calidad de los alimentos que se consumen en las grandes ciudades se encuentran mediados por una compleja cadena productiva y de comercialización que denominamos sistema agroalimentario, esto es una forma técnica o académica de definir todos los eslabones por los que pasa un alimento desde su siembra hasta que llega al hogar de una familia urbana. Los alimentos pasan entonces por muchas manos antes de llegar a nuestras bocas. Pero esas manos, a medida que vamos pasando eslabones de la cadena alimentaria son cada vez menos manos. Muchas manos producen, por ejemplo, las hortalizas, las frutas y verduras, que consumimos a diario. Pocas, poquísimas manos son las que las acopian y trasladan a los mercados de abasto y a los supermercados; para luego desconcentrarse nuevamente hacia las verdulerías desde donde llegan a cientos de miles de hogares en las grandes ciudades.
A veces estos alimentos viajan miles de kilómetros a zonas donde se producen esos mismos alimentos a 10 o 5 kilómetros. Dependiendo de la fluctuación de precios y los factores estacionales, el precio de venta de los alimentos en la propia finca suele ser diez veces menor al precio de venta minorista al que accede el consumidor urbano. A veces esa diferencia en los precios es mayor aún.
Pero… ¿qué culpa tiene el tomate? Si este sistema agroalimentario además de altamente complejo y generar enormes ganancias para los acopiadores y grandes comercializadores es completamente absurdo y mantiene de rehenes tanto a productores como consumidores. Los primeros porque no tienen acceso a tierra propia (la mayor parte son arrendatarios) y reciben muy poco por su trabajo, los segundos porque compran alimentos caros y muchas veces de menor calidad o con grandes cantidades de agrotóxicos.
Las alternativas por abajo…
Frente a este modelo de producción de alimentos hegemónico que denominamos agronegocios, los diferentes movimientos sociales campesinos e indígenas de la Argentina promueven la recuperación de sus saberes tradicionales, la defensa y acceso a sus territorios y el despliegue de prácticas agroecológicas.
A esto se suma la noción de Soberanía Alimentaria, vinculando el problema del acceso de alimentos con el respeto a la cultura productiva, a los saberes locales de los pueblos y al paradigma productivo de la agroecología; el cual está basado en el uso de insumos bio-ecológicos (sin agrotóxicos ni fertilizantes de origen industrial), la pequeña y mediana escala productiva, la comercialización en mercados de cercanía y un horizonte emancipatorio que cuestiona la lógica de explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza suplantándola por una lógica de reciprocidad y solidaridad, tanto entre productores como con la propia naturaleza.1
Así la noción de Soberanía Alimentaria y la de Agroecología abonan a la resignificación de una vieja demanda campesina e indígena: la Reforma Agraria. Actualmente, además de reclamar el reparto de las tierras, esta demanda implica también una recuperación integral de los territorios rurales que incorpore múltiples dimensiones como la educación, la salud, y una forma de producción alternativa, asociada a la reciprocidad con la Naturaleza y a la producción de alimentos para el autoabastecimiento y los mercados locales. Por eso los movimientos sociales rurales hablan de una Reforma Agraria Integral, o una Revolución Agraria.
… y alternativas por arriba?
Desde comienzos del siglo XXI los gobiernos de Argentina y América Latina -si bien han tenido importantes diferencias entre quienes podemos caracterizar como “progresistas” y “neoconservadores”- compartieron una misma matriz extractivista que puede sintetizarse en la idea del “Consenso de los Commodities”2 por el cual el conjunto de los gobiernos latinoamericanos apuestan a solucionar las sucesivas crisis de nuestros países a través de la explotación intensiva de la naturaleza transformada en Recursos Naturales para la exportación y el consiguiente ingreso de divisas frescas. En el caso de los gobiernos neoconservadores estas rentas obtenidas a través del despojo de la naturaleza y los territorios campesinos e indígenas serviría para una mayor concentración de la riqueza y en el caso de los gobiernos progresistas para sostener políticas de cierta redistribución de las rentas orientadas principalmente al consumo de los sectores populares e incipientes procesos de reindustrialziación nacional.
En este marco, podemos observar que el actual gobierno de Alberto Fernández actúa en dos líneas contradictorias entre sí, por un lado profundiza el modelo del agronegocio y de una tecnología funcional a los intereses del gran capital transnacional, por ejemplo rebajando las retenciones a la exportación de soja o aprobando la primera semilla de trigo transgénico del mundo. Por otro lado, plantea algunas políticas públicas orientadas hacia la agroecología y las agriculturas campesinas e indígenas, aunque con un presupuesto mucho menor que el otorgado a los sectores del modelo de Agronegocios.
En efecto, en el marco del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), el gobierno de Alberto Fernández le devolvió el rango a la ahora rebautizada Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) con la promesa de reincorporar a los trabajadores despedidos durante el macrismo, ampliar la dotación de técnicos en los territorios campesinos e indígenas y otorgar un presupuesto operativo acorde a la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que desde su sanción en el año 2014 nunca se había ejecutado en plenitud. Asimismo, fueron nombrados como Secretario y Subsecretaria, Miguel Gómez y Yanina Settembrino, referentes del Movimiento Evita Rural y del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural (MTE Rural) respectivamente. Asimismo, algunos otros referentes de estos movimientos así como del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC) ocupan importantes cargos como funcionarios y/o asesores. Si bien hasta ahora se han reincoporado los primeros trabajadores despedidos durante la gestión del macrismo, todavía restan incorporar más del 90% de los trabajadores despedidos, aún no se ha ejecutado el presupuesto prometido (por ejemplo, los vehículos para poder recorrer las zonas rurales se encuentran prácticamente inutilizables) ni se han nombrado la mayoría de los nuevos coordinadores provinciales; por lo que la presencia real de la SAFCI en las zonas rurales aún depende de la buena voluntad de los trabajadores que se encuentran insertos en los territorios y del apoyo que reciben de las distintas organizaciones campesinas e indígenas con las que se articulan.
También dentro del mismo ministerio, se formó recientemente la Dirección Nacional de Agroecología (DNA) con el nombramiento Eduardo Cerdá, uno de los principales referentes de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA), como Director Nacional. El objetivo de esta dirección es el de promover a escala nacional un modelo alternativo al modelo de Agronegocios basado en la Agroecología. Aún es muy pronto para analizar los avances de esta política pública en particular, pero nuevamente si se observan los presupuestos asignados a la agroecología y se los compara con aquellos previstos para el desarrollo de las actividades del Agronegocio las diferencias son abismales.
Esto se replica, en otra escala, dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con una línea principal de apoyo técnico orientada hacia el agronegocio y líneas secundarias orientadas a la agroecología y a la denominada agricultura familiar en distintos proyectos y sedes territoriales. Asimismo, trabajadores del organismo y organizaciones sociales rurales vienen reclamando, por ejemplo, la reincorporación de los trabajadores despedidos y la reconstitución de los diferentes institutos del Centro de Investigación y Promoción de la Agricultura Familiar (CIPAF) desmantelados por la gestión del macrismo en el organismo, así como participación directa de las organizaciones de la Agricultura familiar en la mesa directiva del organismo y un mayor presupuesto para las líneas de trabajo e investigación en relación con la agroecología y las agriculturas campesinas e indígenas.
Por último, se encuentra la que es quizás la experiencia más interesante de articulación entre el Estado y los movimientos sociales rurales: el Mercado Central de Buenos Aires con una gestión compartida por una de las principales organizaciones campesinas del país: la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), uno de cuyos referentes principales -Nahuel Levaggi– asumió la presidencia del Mercado Central coincidentemente con el comienzo de la cuarentena. Lo más sobresaliente de esta experiencia resulta en que es la primera vez que un movimiento social rural tiene la gestión formal de un organismo estatal que regula la rama de producción específica, en este caso el complejo fruti-hortícola.
Hasta entonces, las inserciones o incidencias que tuvieron los diferentes movimientos campesinos e indígenas fueron sobre organismos focalizados en los actores subalternos de los mundos rurales. En el caso del Mercado Central, la UTT como organización de campesinos pequeño horticultores, dirige el principal mercado de abasto frutihortícola de la Argentina y tiene bajo su órbita la comercialización de gran parte de los alimentos que se distribuyen en la región del AMBA abarcando a más de 14 millones de personas; que provienen tanto de los cinturones productivos de la provincia de Buenos Aires como del resto del país. En este sentido, el desafío y las potencialidades que afronta la UTT son múltiples. Por un lado, debe responder a los intereses de los propios productores hortícolas que reclaman con total justeza mejores condiciones de producción, acceso a la tierra propia y mejores precios para sus productos (las cuales son las demandas principales de la propia UTT). Por otro lado, tiene el desafío de ejercer la “gobernanza” de una institución como el Mercado Central que se encuentra atravesada por una multiplicidad de actores políticos, económicos, sindicales y sociales con intereses y demandas muchas veces contrapuestas y con un historial de corrupción y manejos poco claros de gestión política en diversos gobiernos desde su fundación en el año 1984 hasta la fecha. Asimismo, en el marco de la pandemia y de una profunda crisis económica e inflacionaria, el control de los precios de los alimentos básicos de las canastas populares aparece como una de las principales preocupaciones de la gestión actual del Mercado Central, la cual ha logrado establecer un acuerdo de precios voluntario – el denominado “Compromiso Social de Abastecimiento”- entre productores, acopiadores, comercializadores mayoristas y minoristas para regular el precio de diversos productos que van rotando semana a semana. Si bien esta política tiene resultados dispares han sido más efectivos que anteriores intentos de control de precios máximos o “cuidados”. Por último, aparece para la UTT y para el conjunto de los movimientos sociales rurales la posibilidad de impulsar desde este organismo la producción de alimentos agroecológicos por parte de los productores, ampliando las cadenas de comercialización de las agriculturas alternativas (agroecología, orgánica, biodinámica, etc.), mejorando los precios obtenidos por los productores sean estos convencionales o alternativos. Para ello, han implementado una serie de programas de fomento de la agroecología y compra estatal de alimentos a pequeños productores, la creación del Área de Alimentación Sana, Segura y Soberana del Mercado Central, convenios con el INTA, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y otros organismos públicos nacionales y provinciales, un esquema de donación de alimentos frescos a comedores populares que se amplió sustancialmente con la nueva gestión y otra iniciativa de comercialización de bolsones de comida a precios populares en barriadas del conurbano bonaerense, la creación de un espacio de género y atención integral para los trabajadores del mercado y sus familias, entre otras iniciativas muy interesantes pero las cuales aún no han incidido (es poco el tiempo aún de la nueva gestión) en las cuestiones estructurales de la cadena productiva y de comercialización de la fruti-horticultura.
Allí radica, a nuestro entender, el mayor desafío que encuentra la gestión de la UTT en el Mercado Central: la posibilidad de transitar el manejo del principal organismo de regulación estatal del sector fruti-hortícola desde una autonomía relativa con respecto al gobierno y al Estado así como impulsar algunas transformaciones estructurales que cambien, aunque sea en parte, las dinámicas del agronegocio en el sector frutihortícola y acompañe la ampliación de los modelos alternativos que se vienen construyendo desde la agroecología y las agriculturas campesinas e indígenas, pero también desde sectores populares urbanos que se organizan para consumir alimentos más sanos, que no contengan agrotóxicos y que no sean el producto de la explotación de los trabajadores rurales.
¿Una coexistencia entre el Agronegocio y la Agricultura Familiar?
En síntesis, analizando brevemente estas diferentes políticas públicas podemos afirmar que la mayor parte de los recursos del Estado se concentran en las políticas de fomento del agronegocio y una parte minoritaria de los recursos hacia los sectores subalternos de los mundos rurales. Es interesante, por las tensiones y desafíos que plantea, que algunos de estos organismos estén gestionados por referentes de algunos movimientos sociales rurales. Asimismo, esto refuerza en algunos casos, algo que nos resulta preocupante: la idea de la posible coexistencia del Agronegocio con las agriculturas campesinas e indígenas. Este es un planteo que se escucha cada vez más seguido dentro de una parte importante de los funcionarios de la SAFCI; el primero en plantearlo en el año 2014 fue el entonces Subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, quien afirmó que “la agricultura familiar y el agronegocio tienen que convivir. Sino, ni Argentina ni el resto del mundo van a ser estables”.3 Este discurso atraviesa también a parte del INTA, a algunos exponentes paradigmáticos del Agronegocio como Gustavo Grobocopatel quien, por ejemplo, publicó en junio de 2020 junto con Fernando “Chino” Navarro -referente nacional del Movimiento Evita y Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Nación- el documento “Una Argentina Armónica” donde sostienen que debe construirse una armonía entre los diferentes sectores del campo y donde la agricultura familiar “incluye a varios colectivos, cientos de miles de personas podrían integrarse con la utilización de las nuevas tecnologías, los mercados de cercanías, el procesamiento de sus productos y su renovado vínculo con consumidores”,4 es decir, que pueda articularse al modelo de agronegocios de manera subordinada. Sorprendentemente, o no, este discurso ha permeado también en algunos de los movimientos campesinos e indígenas más importantes del país, muchos otros movimientos mantienen sus posturas críticas al respecto.
Un cierre que abre nuevos interrogantes
Frente a los desafíos de las luchas por la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y la Revolución Agraria en la Argentina. ¿Es posible la recomposición de un Estado popular que garantice una alimentación sana, diversa y agroecológica? ¿Es posible que las nuevas tecnologías del agronegocio sean puestas “al servicio” del derecho a la alimentación de los pueblos? ¿Es posible una coexistencia del modelo de agronegocios con los modelos agroecológicos y las agriculturas campesinas e indígenas? Creemos que no, que el modelo del agronegocio por su propia lógica expansiva y excluyente no permite una convivencia con otros modelos alternativos. Por la propia lógica expansiva del Agronegocio en su carácter extractivo y depredador de los bienes comunes de la naturaleza y por su pulsión a fagocitar y mercantilizar todas las formas de producción bajo su propia lógica es imposible que en su seno convivan las agriculturas indígenas y campesinas ni las experiencias de Agroecología.
Por su parte, las propuestas campesinas e indígenas de autodeterminación territorial, de Reforma Agraria Integral y de Soberanía Alimentaria implican también profundos cambios políticos y en la estructura agraria, incompatibles con el modelo de agronegocios. A su vez, la agroecología entendida en sus sentidos más amplios y políticos implica, como afirma Sevilla Guzmán5, un cambio radical de la propia sociedad y del modelo hegemónico del desarrollo capitalista en los mundos rurales.
El Estado, en su forma actual, si bien muestra contradicciones internas, mantiene su apoyo y fomento al modelo de agronegocio hegemónico, aunque, como vimos, algunos movimientos sociales rurales promueven ciertas disputas en su seno. En todo caso, el Estado y las políticas públicas pueden ser un actor coadyuvante que acompañe y apoye el libre crecimiento de estas experiencias alternativas; un catalizador para la ampliación y concatenación de las mismas, pero nunca debería ser -como suele suceder con las políticas públicas en nuestro país- un factor de constreñimiento de los campos de experimentación social y de las agriculturas alternativas de los movimientos sociales rurales.
Entre la incertidumbre y las intuiciones que aparecen en estos tiempos de pandemia, podemos ver que por un lado, esta situación visibilizó la cuestión alimentaria y a los actores protagonistas de la producción de alimentos. Por otro lado, creció una mirada crítica hacia el modelo del Agronegocio y la matriz extractiva en general, articulándose luchas y experiencias rurales y urbanas. Esta articulación es importante frente a las miradas “neodesarrollistas” que plantean la expansión de los cultivos de soja, maíz y trigo, de mega granjas de cerdos y feed lots, de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, de los emprendimientos megamineros, para salir de la crisis social y económica de la post pandemia en nuestro país.
Desde nuestro punto de vista las alternativas se encuentran en una Reforma Agraria Integral (una Revolución Agraria) que distribuya la tierra entre millones de familias en todo el país y vuelvan a poblarse las zonas rurales, en la masificación de la agroecología en pequeñas granjas multiplicadas por todo el territorio, en la conformación de cadenas cortas y descentralizadas de acopio y distribución de alimentos que sean frescos, sanos y baratos. Parece una utopía, pero no sólo es posible, sino que resulta necesario para salir de la crisis actual de la Argentina y para frenar, aunque sea un poco y desde lo local/nacional, la crisis climática y ambiental a escala global.
Todo ello depende de las relaciones de fuerzas que puedan desplegar los movimientos sociales rurales y urbanos en espacios de coordinación de demandas y luchas comunes, de las prácticas y recuperaciones territoriales de los propios movimientos sociales y que, en todo caso, las políticas públicas (algunas de ellas gestionadas por los propios movimientos) se subsuman a las lógicas alternativas de los propios movimientos sociales rurales.
1 García Guerreiro, L. y Wahren, J. (2016) Seguridad Alimentaria vs. Soberanía Alimentaria: La cuestión alimentaria y el modelo del agronegocio en la Argentina, en Trabajo y Sociedad N.º 26, Verano. Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero.
2 Svampa, M. (2012) Consenso de los Commodities, giro eco-territorial y pensamiento crítico en América Latina. Revista OSAL, N.º 32. CLACSO. Buenos Aires.
3 Diario El País (2014) “La agricultura familiar y la de mercado tienen que convivir” Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2014/06/23/planeta_futuro/1403547065_012817.html
4 Diario Clarín (2020) “Mayores exportaciones e impulso ala industria del conocimientoCómo lograr una “Argentina armónica”, la propuesta conjunta delos movimientos sociales y un empresario agroindustrial” Recuperado de: https://www.clarin.com/economia/economia/superar-grieta-propuesta-conjunta-gustavo-grobocopatel-fernando-chino-navarro_0_6fUA8Sg0m.html
5 Sevilla Guzmán, E. (2011) Sobre los orígenes de la agroecología en el pensamiento marxista y libertario. La Paz: Plural.
Juan Wahren es Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador Asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG). Coordinador del Grupo de Estudios Rurales y del Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL). Coordinador del Grupo de Trabajo “Estudios Críticos del Desarrollo Rural” (CLACSO). Sus temáticas de investigación abarcan la Sociología Rural, la Cuestión Agraria, los Movimientos Sociales, el Extractivismo, la Autonomía, la Educación Popular, el Cambio Climático y la Territorialidad. Actualmente se encuentra investigando acerca de las disputas territoriales en la formación de Vaca Muerta de la provincia de Neuquén en torno al avance de los hidrocarburos no convencionales sobre las comunidades Mapuche y los campesinos crianceros de la zona. También trabaja sobre el avance del Agronegocio en la provincia de Buenos Aires y los procesos de resistencia y creación de alternativas agroecológicas de diferentes movimientos sociales rurales: campesinos, asambleas vecinales socio-ambientales y chacareros.
“Comemos a precio dólar: hay que transformar la matriz productiva”
Entrevista a Nahuel Levaggi, presidente de Mercado Central de Buenos Aires
“Vinimos al Mercado Central para luchar por una sociedad más justa, lo que desde la alimentación significa entender el alimento como un derecho y generar las condiciones para garantizarlo”, dice Nahuel Levaggi fundador y coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), desde las oficinas del quinto piso del Mercado Central de Buenos Aires que preside desde marzo. Un cargo que no imaginó desempeñar y que destaca es ocupado por la organización – que nuclea a 15.000 familias productoras de alimentos – y no por él a título individual.
Sus siete meses de gestión transcurrieron en pandemia. Algo que tampoco imaginamos. En ese periodo, entre otras iniciativas, impulsaron un Compromiso Social de Abastecimiento (acordar un precio sostén y semanal para cada producto entre los operadores para no caer en las experiencias fallidas de los precios máximos), generaron bolsones solidarios para distribuir a muy bajo costo en comedores y merenderos de barrios vulnerables –aún más castigados por la pandemia–; y crearon una Comisión de Género para dar apoyo, contención y capacitación a las y los trabajadores del predio, así como también para asesorar al Directorio. En un espacio donde históricamente los reclamos feministas no solían tener cabida, hoy la mitad del gabinete está integrado por mujeres.
La semana pasada Levaggi participó en el Congreso de la presentación del proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, que tiene como uno de sus objetivos, crear un Procrear Rural para que los pequeños productores tengan créditos blandos para acceder a la tierra en la que producen alimentos.
Desde la UTT remarcan que “en la Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”.
Es la tercera vez que la organización presenta el proyecto, junto a varios legisladores. En las dos oportunidades anteriores no se avanzó en su tratamiento. Levaggi volvió a estar ahí, ahora no solo como integrante de la UTT, sino también como principal responsable del mercado que abastece a 14 millones de personas del AMBA y por donde circulan diez mil a diario.
Mariana Percovich: Desde tu cargo de presidente del Mercado Central de Buenos Aires tenés una perspectiva diferente a cuando coordinabas la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). ¿En qué cambió tu mirada de la cadena alimentaria argentina desde que asumiste en marzo?
Nahuel Levaggi: La mirada de la comercialización se fortaleció. Por un lado, tiene que ver con la necesidad de los mercados concentradores para el abastecimiento de las grandes metrópolis. Nosotros históricamente tenemos en la UTT un planteo de acortar los canales, de buscar llegar directo del productor al consumidor. Pero en el caso de las grandes metrópolis, esto no solamente que no se contradice, sino que se complementa con la necesidad de mercados concentradores para el abastecimiento de millones y millones de personas. Los mercados concentradores son imprescindibles tanto para recibir lo que llega de distintos lugares del país como para que salgan de ahí hacía los negocios minoristas. Hay, por otro lado, una cadena de comercio más local, inmediato, del productor al consumidor en ferias, almacenes, mercaditos más locales. Y en el marco de las grandes metrópolis, esto se complementa con productor-mercado concentrador- negocio minorista. Y es una cadena racional. Lo importante es fortalecer la racionalidad, honestidad y transparencia en toda la cadena de comercialización.
MP: En un contexto de pandemia los alimentos cobraron una mayor relevancia dentro de otros consumos. Sobre todo, en las primeras semanas de la cuarentena, cuando eran de lo poco que se podía comprar. Se habló mucho de qué consumir, qué cocinar, qué comer. ¿Es posible abaratar y mejorar la calidad de la mesa de los argentinos? ¿Cómo?
NL: Para abaratar y mejorar la calidad de la comida de los argentinos hay que empezar por transformar la matriz de producción. Hoy consumimos alimentos caros porque se produce a precio dólar. Y esto es así porque se produce con insumos dolarizados – químicos, agroquímicos, semillas modificadas por las grandes corporaciones – y con el precio de la tierra muy dolarizado. Producimos y comemos a precio dólar. Entonces para abaratar y mejorar la calidad de la mesa de los argentinos y argentinas hay que transformar la matriz productiva. Tenemos que ir hacia una matriz soberana, agroecológica; y a la vez, fortalecer un proceso de educación de la alimentación. Porque no alcanza solamente con que los alimentos estén disponibles. Es necesario que haya una población con una cultura alimenticia capaz de utilizar los ingredientes. Para que no suceda que por estar apurados se tiren unos fideos a la olla y listo. Hay que incorporar más frutas, verduras, legumbres al momento de cocinar. Entonces, por un lado, hay una necesidad de modificar la matriz productiva; y por otro, hay una necesidad imperiosa de fortalecer una educación alimentaria, culinaria y nutricional, retomando mucho de los saberes preexistentes. En los últimos años se fortaleció un consumo compulsivo de comida chatarra y ultraprocesada, que genera mayores niveles de concentración en las grandes multinacionales agroalimentarias, y a la vez degrada la calidad nutricional de la comida con la que nos alimentamos.
MP: ¿Qué actores tienen que estar fortalecidos para que se puedan hacer modificaciones en la cadena alimentaria argentina? ¿A quiénes querés como aliados en tu gestión al frente del Mercado Central de Buenos Aires?
NL: Dos grandes actores tienen que estar fortalecidos. Por un lado, los pequeños productores, las cooperativas de producción de alimentos, y por el otro, una población educada y consciente sobre qué alimento pedir y cómo prepararlo. El gran aliado es el conjunto del pueblo que necesita alimentarse mejor y más barato. Toda política que nosotros llevemos adelante referida a fortalecer ese proceso de millones y millones de argentinos y argentinas genera una positividad en la gestión. La matriz productiva que es necesario transformar es la que está asentada en el modelo del agronegocio. Y el mejor aliado para combatir ese modelo es un pueblo consciente de cómo se alimenta, con qué se alimenta y con la necesidad de transformarlo.
MP: ¿Algunas regiones del país presentan mayores ventajas para articular la producción de una manera en que se abarate y mejore lo que llega a la mesa?
NL: Sí, claramente algunas regiones del país están en mejores condiciones. En todas hay que fortalecer la producción local. Nosotros venimos desde la UTT remarcando la necesidad de las colonias agrícolas para abastecimiento local. Es una locura que haya pueblos que consuman alimentos que se producen a 400 kilómetros. Hay alimentos de producción intensiva –como algunas frutas, verduras, huevos, lácteos– que se pueden producir localmente. Nosotros proponemos que todos los pueblos tengan cordones de producción intensiva para abastecimiento local. En los últimos años se han concentrado todas las producciones, no solamente la de fruta y verdura. Un litro de leche cuando llega a la mesa de un consumidor puede haber hecho entre 400 y 600 kilómetros de tránsito, entre que sale del tambo, entra a la procesadora, vuelve al mercado, se distribuye al minorista. Tenemos que lograr que en cada pueblo haya una cooperativa láctea que provea de leche al propio pueblo. Según la región, hay algunos alimentos que pueden ser de producción local y otros que no. Si vivís en Ushuaia no vas a producir banana. Si vivís en Entre Ríos, la pera y la manzana va a ser más difícil que salga. Algunas producciones tienen su particularidad regional, dado el suelo y el clima, pero para el resto hay que fortalecer la producción local.
MP: ¿Cuáles son los ejes, las prioridades de tu gestión en el Mercado Central?
NL: Nosotros vinimos al Mercado a fortalecer el rol social, o sea, el impacto del Mercado Central en la política alimentaria. Eso tiene que ver con la transparencia en la cadena de precios y la comercialización; y con la educación, la formación y la capacitación. En esa línea creamos la Gerencia de Alimentación Sana, Segura y Soberana. Dentro del mercado mismo iniciamos un ordenamiento con transparencia y honestidad en la gestión. Hay una comunidad muy fuerte del Mercado que ha sido olvidada durante muchos años, sobre todo los sectores más postergados, y para ellos estamos trabajando con políticas activas. Queremos valorar el trabajo del laboratorio de control de calidad. El Mercado cuenta con un laboratorio que analiza los agroquímicos y la microbiología de las frutas y las verduras, que es de primer nivel. Además, estamos construyendo una certificación de producción agroecológica y un plan de promoción y de capacitación en agroecología para productores
MP: El Estado sigue ofreciendo casi exclusivamente productos secos y ultraprocesados en escuelas y comedores ¿Qué obstáculos hay para que empiece a comprar productos frescos?
NL: Otra de las líneas de trabajo que tenemos es la constitución de una empresa –de una sociedad del Estado – que pueda proveer de alimentos al propio Estado. El Estado es uno de los principales compradores de alimentos y se abastece de grandes bolseros, de grandes intermediarios, que son los únicos que pueden sostener la tardanza en el pago del Estado. Eso hace que siempre queden afuera, como proveedores, los pequeños productores y las cooperativas, que no tienen la espalda financiera para aguantar los dos o tres meses que el Estado demora en pagar. Nuestro objetivo es constituir una empresa acá, en el Mercado Central, que pueda abastecer al Estado, y esté conformada por cooperativas y pequeños productores.
MP: ¿Está calculado cuánto se tira a diario de frutas, verduras y hortalizas en el Mercado Central? ¿Cómo manejan esa problemática?
NL: Estamos trabajando en ir hacia un mercado de residuos cero. Algo que nos ocupa la cabeza a muchos es la cantidad de materia orgánica y de alimento que se desecha. Toneladas y toneladas de frutas y verduras que no sirven para la comercialización, y que, por la dinámica y la velocidad, terminan tirándose. Antes de que se tire, queremos recuperarlo para direccionarlo al área de las donaciones, a los comedores con los que trabaja el Mercado. Es decir, que pueda ser entregado para que se consuma. Por otro lado, estamos viendo de armar una planta de elaboración para que lo que no sea posible consumir en ese estado, sea para consumo elaborado: dulces, conservas, salsas. Y, por último, lo que quede de todo eso, que vaya a una planta de compostaje. Empezamos las primeras tareas de separación en origen y en un solo volquete de las 18 naves, grandes galpones que tiene el mercado, vemos que se puede recuperar un montón de alimento antes de que vaya a la basura. Esa es una de las tareas importantes con la que estamos laburando.
MP: ¿Qué te gustaría que quede de tu gestión cuando dejes el cargo?
NL: Nosotros y nosotras llegamos al Mercado Central para continuar la militancia que venimos desarrollando y construyendo desde la UTT, que es luchar por una sociedad más justa. Una sociedad más justa desde la alimentación significa entender el alimento como un derecho y generar las condiciones para garantizarlo. Buscamos que el acceso a la tierra, la matriz de producción y la matriz de consumo puedan desarrollarse en el marco de entender que la alimentación es un derecho y hay que garantizarlo.
