Tamara Perelmuter
16 de julio de 2020
Notas, periodismo popular
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En los años setenta Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de Estados Unidos decía: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás a las naciones”. Y empezando el Siglo XXI esta definición del dominio de los alimentos como arma política volvía a aparecer con fuerza en palabras del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush (hijo): “¿Pueden imaginar un país incapaz de producir suficiente comida para alimentar a su población? Sería una nación sujeta a las presiones internacionales. Sería una nación en riesgo”.
Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Por eso son una importante fuente de poder y de disputas. Así lo entienden las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena que hace tiempo vienen resistiendo los embates de un modelo que las despoja; frente a empresas biotecnológicas, que identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados en el control de la agricultura mundial.
Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. Tan sólo tres compañías controlan el 60% del mercado mundial de semillas: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.
Históricamente, han sido mejoradas y compartidas por las y los agricultores en todo el mundo, lo que condujo a una gran diversidad biológica productiva como resultado del trabajo humano. Esta forma de mejoramiento y conservación “in situ” (en los ambientes ecológicos y culturales donde han logrado desarrollar sus propiedades específicas) ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Esto es una parte esencial de la agricultura, un acto creativo individual, pero sobre todo, colectivo. Sin embargo, en los últimos 70 años, la diversidad ha sido drásticamente reducida como consecuencia del avance de la agricultura industrial y la concentración del mercado semillero.
De bien común a propiedad privada
A diferencia de otros productos, las semillas son organismos vivos que pueden reproducirse y es por esto que ha sido difícil la acumulación de capital basada en la apropiación privada, por lo que fueron (y en parte aún no son) consideradas “bienes comunes” de la humanidad.
Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear esa dificultad y cuando la agricultura empezó a “modernizarse” y luego cuando llegó la posibilidad de controlar los genes de las semillas con el fin de impedir que otros los usen, se transformaron en mercancías negociables, sitios de contienda política, temas de discursos antagónicos sobre los derechos, y motores de la exclusión social y el despojo.
A partir de mediados del siglo XX, acontecieron dos hitos en las transformaciones técnicas de las semillas que dieron pasos importantes en ese sentido. Por un lado, las aparición de las semillas híbridas (masificadas en el marco de la Revolución Verde) que rompieron la identidad semillas-grano y por lo tanto, significaron la separación del agricultor de su capacidad de replantar y el comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. Por otro lado, la expansión de las biotecnologías aplicadas al agro dio lugar a las semillas transgénicas generando grandes cambios en las estrategias de privatización del conocimiento, habilitando nuevos mecanismos de acumulación de capital.
De manera articulada, se produjeron mecanismos jurídicos que acompañaron los cambios en las formas de apropiación de las mismas: leyes de semillas, que exigen el obligatorio registro y certificación; contratos que realizan las empresas de manera asimétrica con los productores; y sobre todo, legislaciones de propiedad intelectual. De esta manera, esos bienes comunes que circularon libremente durante miles de años, ahora pueden ser privatizados y controlados por una persona o empresa que se adjudica la obtención de una nueva variedad.
Hasta los años sesenta, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Este principio comenzó a resquebrajarse con la aparición de los derechos de obtentor (DOV), una forma particular de propiedad intelectual para las semillas, y su institucionalización en 1961 con el nacimiento de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV). La versión 78, aún vigente en muchos países como Argentina, contempla implícitamente el derecho de los agricultores. Significa que éstos, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. Es lo que se conoce como el uso propio de las semillas.
En los años noventa la apropiación de las semillas subió varios escalones: la UPOV fue modificada en 1991, recortando los derechos de los agricultores sobre sus semillas; se creó en 1995 la Organización Mundial de Comercio (OMC) con sus “nuevos temas comerciales” que dio lugar al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y se extendió la firma de tratados de libre comercio, en los que la propiedad intelectual adquieren gran protagonismo e impone condiciones que afectan de manera directa a las semillas.
En Argentina, las semillas transgénicas ocupan más del 67% de la superficie sembrada. Fueron introducidas en 1996, junto al paquete biotecnológico que las acompaña. Esto produjo transformaciones en el sistema agrícola nacional, con importantes aumentos de la producción, intensificación de la agricultura y especialización de las exportaciones de origen agropecuario.
La contracara fueron las tremendas consecuencias ambientales y sociales, que afectan de manera directa en la agrobiodiversidad (y por lo tanto a la disponibilidad de semillas), como la concentración de la tierra y productiva; la deforestación y los desmontes; la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos; y los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas.
En simultáneo, las semillas viene siendo un eje de debate y movilización popular en torno a la discusión por la modificación de la Ley de Semillas y la posibilidad de adherir a UPOV 91, que no pudo aún concretarse debido a la resistencia que surgió desde múltiples sectores de la sociedad y las posturas diversas y contradictorias ocurridas al interior del Estado.
Y al mismo tiempo, desde hace muchos años las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena; movimientos ambientales; investigadores e investigadoras; y desde diversos organismos el Estado, comenzaron a replicarse experiencias de producción agroecológicas, al tiempo que se están desarrollando campañas, construyendo prácticas cotidianas, y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas y criollas; el germoplasma; y los conocimientos ancestrales.
Hoy, el debate en torno a la soberanía alimentaria que se instaló con fuerza en la escena pública en los últimos días, abre una oportunidad única para multiplicar estas experiencias, en el camino de avanzar hacia una transición hacia otro modelo agrario y alimentario. El debate es en realidad un conflicto asimétrico entre modelos -el que profundiza el monocultivo transgénico y se basa en la apropiación privada de la naturaleza, por un lado; y aquel basado en la diversidad, la agroecología y la reivindicación de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, por el otro– y cómo se desarrolle y se dirima tendrá profundas implicaciones para el futuro de nuestro país y de la humanidad.