Desde el Grupo de Estudios Rurales y Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) nos solidarizamos con las y los trabajadores del INAFCI que están siendo despedidos del organismo donde trabajan desde hace años, incluso décadas.

El gobierno ultraderechista de Javier Milei anunció el cierre de este organismo que, además de dejar a casi mil trabajadores en la calle, anula una de las pocas políticas públicas orientadas a uno de los sectores sociales más ninguneado e invisibilizado de nuestro país, el de pequeños productores rurales, comunidades campesinas y pueblos indígenas.

En nuestro equipo de investigación venimos trabajando y acompañando a organizaciones indígenas y campesinas de Argentina (y América Latina) desde hace más de 40 años. En estos caminos hemos visto emerger esta política pública en los años noventa con el Programa Social Agropecuario (PSA), la cual se fue transformando, al calor de las luchas campesinas e indígenas por su reconocimiento y por sus territorios, como también al ritmo de los cambios de gobierno, pasando a ser Subsecretaria, luego Secretaría, para finalmente constituirse en el actual Instituto.

En su recorrido, esta institución fue conformando un importante equipo técnico interdisciplinario y comprometido con los territorios. Y cuando decimos en los territorios nos referimos a los lugares más recónditos del país: en comunidades y parajes donde sólo llega el Estado en la figura de los técnicos del INAFCI y, ocasionalmente, de investigadores del CONICET y/o universidades públicas. Nadie más. En algunos casos no hay ni escuelas ni centros de salud, y la presencia estatal real se reduce a esos trabajadores comprometidos con la ruralidad de la Argentina profunda.

Territorios campesinos e indígenas que sobreviven en montes, selvas, montañas, desiertos, humedales; donde se construye la vida desde la supervivencia cotidiana, con condiciones ecológicas muchas veces extremas, con enfrentamientos feroces con las actividades extractivas (hidrocarburos, megaminería, agronegocios y/o emprendimientos forestales) que ponen en riesgo sus modos de existencia y la de los ecosistemas y, sobre todo, territorios donde se reproduce la vida campesina, las cosmovisiones indígenas, las formas productivas de alimentos ligadas al cuidado y la reciprocidad con la naturaleza, donde se construye autonomía y libertad ancladas en la tierra y la territorialidad comunitaria.

En esos territorios, aparecen entonces las y los técnicos del INAFCI, no para “bajar” una política pública desde el Estado, planeada desde escritorios en un ministerio en el centro de Buenos Aires, sino para pensar y poner en práctica, junto a esas comunidades rurales, proyectos que apuntalen estas experiencias productivas de alimentos saludables y de reproducción de la vida campesina e indígena, que incluye trabajar para el acceso al agua potable, la regularización de la tenencia de la tierra, la formalización de sus organizaciones y actividades productivas, el reconocimiento de sus derechos.

Esa forma de hacer política estatal difícilmente se comprenda desde las oficinas de los ministerios nacionales que se afincan en la Capital, y mucho menos desde lógicas que sólo ven aquello que se puede medir en planillas de excel. Desde allí se desconoce la necesidad de tener casi mil técnicos y técnicas distribuidas a lo largo y ancho del país, la utilidad de camionetas para que esas políticas puedan llegar a esos territorios inaccesibles de otra manera, la importancia de la descentralización que democratiza los recursos hacia las poblaciones que realmente los necesitan, como también la necesidad de la participación de las organizaciones campesinas e indígenas en la construcción de una política que es estatal, pero que sobre todo es pública.

De hecho, la invisibilidad campesina e indígena en nuestro país es construida y fomentada desde esos mismos centros de poder que hoy la ningunean y descalifican. Debemos comprender que no resulta casual que la decisión de cerrar el INAFCI se tome mientras se desregula la economía y la importación de alimentos, se fomenta la expansión de los modelos extractivos, y se intentan eliminar aquellas leyes que protegen el ambiente, limitan la extranjerización de la tierra, o resguardan los derechos campesinos e indígenas.

Por todo ello defendemos la necesidad de políticas presentes en los territorios y repudiamos y denunciamos la política de desguace del Estado que está realizando el gobierno de Javier Milei con el INAFCI, que se asocia directamente al estrangulamiento presupuestario de las universidades nacionales, el vaciamiento del CONICET, el INCAA y el INAI, la desaparición de la Agencia Télam y los masivos despidos de trabajadores estatales en todo el país.